El conflicto catalán: legitimidades y legalidades

 

¿Choque de legalidades?

En lo último que escribí en este blog sobre Cataluña, entre otras consideraciones afirmaba la necesidad de respetar la legalidad. Entendiendo por legalidad la que deriva de normas democráticas aceptadas por la comunidad en su conjunto.

Sin embargo la  frase respetar la legalidad en este contexto se me antoja a veces conservadora e incluso reaccionaria. ¿Pero lo es?

No se me escapa el hecho de que el Gobierno catalán dispuesto a romper con la legalidad española se ha apresurado a reemplazarla por otra legalidad que le sirva de marco para su decisión de alcanzar unilateralmente la independencia.

Más allá de que esas leyes hayan resultado ser ilegales según el Tribunal Constitucional español, es imposible no preguntarse si nos encontramos ante un choque de legalidades.

¿Puede oponerse legitimidad a legalidad?

Ante el desconcierto que esta situación provoca, suele recurrirse cada da vez con más frecuencia al concepto de legitimidad como una idea-coartada a la hora de sustituir la ley.

Algunos ejemplos: con las cargas policiales contra el pueblo catalán del 1O nos hemos ganado el derecho a la independencia; un fiscal general del estado reprobado por el Parlamento no tiene legitimidad para…Un partido  imputado por corrupción carece de legitimidad… y yo añadiría, por añadir algo, dos más: Un gobierno que, abierta y escandalosamente, ha convertido la televisión pública española  en un instrumento a su servicio,  no tiene legitimidad para intervenir la televisión catalana o una mayoría parlamentaria  que aspira a sustituir legalidad por legitimidad la pierde cuando se empeña en forzar la independencia silenciando la voz de las minorías parlamentarias, cerrando el Parlamento o saltándose en la Cámara  los 2/3 de votos necesarios para la aprobación de temas fundamentales.

Hay muchos más ejemplos, pero me detengo aquí para tratar de determinar quién puede erigirse en ese tribunal imaginario capaz de otorgar o retirar legitimidades.

Desde la Revolución francesa hasta Franco, que bajo el firme convencimiento de la necesidad legítima de salvar a España se alzó en armas contra la legalidad republicana. Desde  Hitler enarbolando la legitimidad del pueblo ario para saltarse la democracia alemana a  la revolución de Octubre que reivindicaba el legítimo derecho del pueblo a no morirse de hambre, o desde la lucha pacífica de Ghandi a  Mandela…todos los cambios de legalidad más o menos amparados en lo que hoy llamamamos  “la calle”, se han hecho en nombre de algún tipo de legitimidad.

Pero claro, la legitimidad no solo es enarbolada por los grupos insurgentes sino que también es reivindicada por los que defienden el estatus quo amenazado que no siempre es tan legítimo como presume ser.

Entonces, más allá del subjetivismo, ¿cómo podemos saber quién es el afortunado poseedor de un talismán tan poderoso que permitiría saltarse las leyes?

En el siglo XXI yo me atrevería a decir que hay varios elementos formales que deben acompañar a  cualquier legitimidad que aspire a generar nuevas legalidades y cito dos bajo mi punto de vista imprescindibles: democracia y consenso.

Democracia

Si aplicamos esto al conflicto catalán, hemos de reconocer que tanto el estado español como probablemente el  catalán que se pretende alumbrar serían dos regímenes democráticos.  Perfectos o no, es probable que los dos sistemas  lo fueran, con sus elecciones, su separación de poderes y su capacidad de garantizar el cumplimento de las leyes aprobadas en la sede de la soberanía popular…

No comparto desde luego la calificación de franquista o fascista al sistema que rige España desde el 78, ni siquiera en lo que se refiere al  gobierno actual, al que en cambio calificaría de manifiestamente autoritario. Esa acusación me parece especialmente lamentable  porque al ser una tergiversación de la realidad premeditadamente simplista solo puede estar ideada para la manipulación.

Obvio es decir que bajo un régimen democrático pueden alumbrarse leyes injustas incluso insoportablemente injustas, pero desde el 78 en  España la voluntad de cambiarlas se ha se ha encauzado por vías democráticas  (movilizaciones, huelgas, elecciones…), con la sola excepción de 23F.

Lo que está ocurriendo en Cataluña es por tanto una novedad que en nada se parece a la asonada golpista de Tejero y sus secuaces ya que esta ruptura con la legalidad del Estado se establece en términos relativamente democráticos y, por supuesto, no violentos.

Cero  en consenso

Por eso es necesario a acudir al otro elemento que bajo mi punto de vista ayudaría algo a la conquista de legitimidades, el consenso.

Y es aquí donde el asunto hace más agua.

Es manifiesto que el gobierno catalán no ha tratado de alcanzar en ningún momento consenso alguno. Porque a pesar de hacer gala de una  obsesiva vocación de diálogo, la oferta de ese diálogo ha ido dirigida  exclusivamente al gobierno español, y nunca a los únicos destinatarios que podrían otorgar a los secesionistas  esa anhelada legitimidad: el conjunto de  la sociedad catalana, quien en  última estancia es la destinataria de esa nueva legalidad que se pretenden crear.

Porque no se me ocurre que exista una democracia que se imponga, como no acepto ningún otro régimen que lo haga. La legitimidad de las leyes y en especial en la ley de leyes  se basa en el acuerdo.

En definitiva se trata de algo tan simple como acordar entre todos  las reglas del juego y aceptar no cambiarlas unilateralmente en medio de la partida siempre y cuando, claro está, existan vías para hacerlo dentro de las normas.

Y por supuesto, este acuerdo debe tener lugar entre los ciudadanos que jugarán en el mismo tablero, no con los que jugarán otra partida. Por eso es inadmisible el desprecio secesionista a una parte importantísima de su propio pueblo.

 

Si en el referéndum hubiera habido tres  millones de síes en lugar de dos,  algo habría sido distinto

 

Sin embargo, el modo de alcanzar el consenso puede ser difícil y no arrojar unanimidades, así que hay que prever vías alternativas tipo referéndums, elecciones etc… que garanticen un resultado sin posibilidad de fraudes.

En cualquier caso, lo que es obvio es que una pequeña mayoría no es suficiente para cambiar legalidades de forma legítima. Parece más lógico pensar (y así lo hacen la mayoría de los estados democráticos) que aunque no se consiga una unanimidad total ni siquiera un consenso entre las fuerzas políticas, debería obtenerse al menos una mayoría cualificada.

Pero en este caso, el gobierno catalán,  lejos de buscar consensos o mayorías suficientes, ha negado la voz a los que no estaban de acuerdo con sus posiciones, llegando a someter el Parlamento al poder legislativo que abre y cierra sus puertas según los intereses del Goberné

Esta actitud es exactamente la opuesta al espíritu de consenso imprescindible para hablar de legitimidades.

Legitimidad de la  Constitución española

En cuanto a la legitimidad de la Constitución española, creo que es urgente reconocer que está cuestionada, tocada y casi hundida.

La crisis de 2008 y el modo injusto del reparto del sufrimientos  junto a los escándalos de corrupción insoportable que afectan no solo al partido gobernante sino también a varias instituciones del Estado, han sido elementos decisivos para un cuestionamiento generalizado que se hizo visible en el movimiento del 15 M con eslóganes como No nos representan, lo llaman democracia pero  no lo es… etc, etc.

Paradójicamente, el 15 M perdió algo de su fuerza cuando  muchos de sus ecos consiguieron llegar al Parlamento a través de Podemos y las Mareas aunque nunca dejaron de cuestionar el régimen del 78. Pero no eran los únicos, en aquel momento, también el PSOE y Ciudadanos reclamaban cambios en la Constitución mientras el PP miraba hacia otro lado. Eso sin contar con el descrédito que supuso el cambio exprés de la Constitución (único en su historia) para introducir un artículo nuevo que en plena crisis amparaba a los acreedores frente a los ciudadanos.

Sin embargo, quien al final  la ha hecho saltar por los aires ha sido la crisis catalana al poner  en evidencia el fracaso del modelo territorial que, amparándose en un Senado que no cumple lo que debería ser su función, hace prácticamente imposible introducir cambios en el sistema autonómico a propuesta de alguna  de las Comunidades existentes.

Este callejón sin salida propiciado por un ciego partido en el poder, autoritario y capaz no solo de corromperse sino también de corromper las instituciones del Estado, nos ha llevado a un notable cuestionamiento de la Constitución, Cataluña incluida. Véase al Constitucional resolviendo  sobre el Estatut como ejemplo de la sumisión  del alto tribunal al Partido Popular (o sospecha de sumisión, si se prefiere).

Así que no nos queda más que reconocer que esta Constitución aunque siga siendo legal deja mucho que desear en lo que a legitimidad se refiere (sigue siendo democrática pero ya no goza del consenso imprescindible).

Es urgente por tanto emprender la reforma pendiente para que  la Carta Magna  pueda convertirse en  un instrumento capaz de dar salida a  los problemas actuales entre los que se encuentra el conflicto catalán. En estos momentos, hay que reconocer que el Art.  155  que se pretende aplicar en Cataluña es abiertamente inadecuado por antidemocrático, por cuanto suspende la democracia para salvar la democracia, lo cual es un contrasentido.

El Art. 155 no seríá legal si se aplicara de forma preventiva

Otra cosa distinta es si su aplicación es o no legal. Y en ese terreno creo que no cabe duda de que sería  legal si se aplicara en el  caso para el que está previsto, (¿pero sería legítima con una Constitución ampliamente contestada?, me pregunto). No lo será sin embargo  si se aplica de forma  preventiva, como a fecha de hoy parece que va a ocurrir; es decir, si se aplica antes de que se declare la independencia unilateral.

Obvio es decir que, en todo caso, los cambios constitucionales requieren importantes consensos y no es menos obvio que en el conflicto catalán ya no hay tiempo. De hecho, el impulso a la Comisión  del Congreso para el cambio constitucional  pactada por el PSOE con el PP a raíz de su apoyo en la aplicación del 155, sirve de muy poco y llega tarde.

Así las cosas creo que a fecha de hoy,  martes de una semana crucial, es importante esforzarse en no agravar más el problema, para lo que propongo tener en cuenta algunas cosillas:

*No es el momento de centrarse en quién tiene razón sino en quién encuentra alguna solución.

* En el poco tiempo que queda no vamos a encontrar una solución mágica, así que lo que hay que buscar es una secuencia de soluciones que establezcan el corto, el medio y el largo plazo.

*No olvidar que el Art. 155 puede ser legal, pero no responde al espíritu democrático que debería inspirar cualquier Carta Magna y que en ningún caso debe aplicarse de forma preventiva.

*Intensificar las conversaciones directas e indirectas acompañándolas siempre de  ofertas por pequeñas que sean. En todo caso, hablar sigue siendo el camino.

*No subestimar las consecuencias terribles que pueden derivarse para todos si se trata de imponer la ley por encima de la política.

*Actuar dentro de la legalidad no excluye ser flexibles para evitar que la ley se convierta en el problema en lugar de  la solución.

 

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