Las residencias deben entrar en campaña. Su demoledor fracaso nos apela como personas decentes.

En la campaña anticipada que se ha desatado desde que se convocaron los comicios en Madrid, ya hemos oído hablar de la mayoría de los temas elegidos por los políticos para disputar con sus oponentes como  los impuestos, la sanidad, los bares, las corridas de toros y la tan traída y llevada crispación.

Es verdad que la campaña propiamente dicha no ha empezado y que los programas electorales en muchos casos están aún en las imprentas, pero lo cierto es que no he oído nada sobre propuestas para intervenir en las residencias.

Las residencia madrileñas, ese lugar en el que ocurrieron terribles sucesos de los que nos avergonzamos como sociedad (o deberíamos hacerlo). Ese lugar en el que ningún madrileño o madrileña desearía tener que residir jamás (y, sin embargo, casi todos estamos abocados a hacerlo).

Ese lugar donde, como ahora sabemos bien, nuestros padres, abuelos o nosotros mismos somos despojados de nuestros derechos universales, de nuestra dignidad como seres humanos, de nuestra libertad, de nuestro derecho a la salud e incluso a la vida.

Y no puedo entender cómo siendo así, ningún partido se dispone a agitar la bandera de los cambios que el modelo residencial de personas mayores necesita de forma urgente. Y me parece extraño porque no es posible que haya un solo ciudadano o ciudadana en Madrid que no esté preocupado por la vida que le espera en esos lugares que tanto se parecen al infierno.

Entonces,  por qué nadie incluye como elemento motivador, incluso movilizador del voto, la promesa, expresada en voz bien alta, de cambiar en profundidad el modelo de convivencia y de gestión de las residencias de mayores.

Para la derecha, los beneficios empresariales, la privatización de los servicios públicos y la especulación  forman parte de su religión y quizá por eso no tenga nada que decir ni bandera que enarbolar. Estoy hablando de unos beneficios que en la gestión de residencias en España se mueven en torno a un 5% y que llega a un 10% en la rentabilidad de los fondos de inversión que han entrado sin remordimientos  en el sector.

Pero esa rentabilidad no sería suficiente para las empresas si no se dieran otras circunstancias como el acceso al dinero público que destina Madrid a una gestión rentable empresarialmente pero infame para la ciudadanía.

Hace unas décadas, la derecha difundió la idea de que la gestión pública era ineficaz y cara mientras la privada era eficiente y competitiva. Así que la estrategia de la derecha es de sobra conocida  y consiste en pasar a manos privadas el dinero de los servicios públicos a costa de una gestión a menudo cuestionable.

Hoy la realidad de las residencias madrileñas nos abofetea con la evidencia de que el antiguo infundio derechista era una falsedad.

Las residencias de mayores son la demostración palmaria de esa desgraciada realidad en la que el negocio está por delante de los ciudadanos hasta el punto de convertir las instituciones de las que hablamos en auténticos morideros humanos de los que solo se benefician los adjudicatarios de la gestión y sus inversores.

Por eso, la solución al problema no está como proponen los más tibios  en el número de inspectores o la cuantía de las sanciones. Ni siquiera en el aumento presupuestario que el año pasado la CAM cifró en 70 millones y que por supuesto no se ha producido.

La solución es mucho más compleja y pasa, en primer lugar, por concebir un nuevo modelo residencial totalmente diferente al deprimente modelo actual.

En segundo lugar, se trataría  de eliminar los beneficios privados de la ecuación del nuevo modelo. También sería necesaria una mayor aportación de recursos por parte de las administraciones y, por último, asumir la gestión pública de las nuevas residencias dando cabida a la autogestión y a tipos de funcionamiento más participativos.

Pero en lo inmediato, si la derecha no quiere renunciar al negocio de las residencias, y está claro que no tiene la menor intención de hacerlo, tendrá que ser la izquierda quien asuma el reto.

¿Tendrá valor para hacerlo? ¿Querrá enfrentarse a los intereses de las empresas y a los fondos de inversión internacionales que operan desde hace tiempo  en las residencias de nuestro país?

Por su silencio, no estoy nada segura, pero aún así abogo por  el compromiso de los tres partidos de izquierda con este asunto.

Abogo por su compromiso para  emprender unidos  una reforma ineludible que dé algo de esperanza a la ciudadanía tras la tragedia de muertes e indignidad que hemos vivido.

Pero hay que ser conscientes de que para que eso ocurra hay que empezar por hablar de ello en esta campaña.

Que no sirve relegarlo al penúltimo lugar de los programas electorales con promesas difusas. Que  nos lo debemos a nosotros mismos.

Aún estamos a tiempo de hacer que las residencias entren en la campaña electoral y debemos poner todo nuestro empeño en que ocurra.

Después de todo, aún estamos a tiempo de movilizar el voto de las personas decentes en torno a una idea de justicia y dignidad.

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