Más oxígeno para la prensa libre

La idea de Ossigeno per l´informazione http://www.ossigenoinformazione.it/ nace el 28 de octubre de 1972, cuando un joven periodista de 25 años, Giovanni, es asesinado en Sicilia por publicar noticias que personas poderosas no querían que se publicaran. Era el hermano de Alberto Spampinato, fundador de Ossigeno per l´ informazione en 2008, organización de voluntarios periodistas y abogados, observatorio dedicado a informar sobre cada episodio de censura o amenazas a los periodistas, por parte de los poderes económicos, políticos o criminales que pretenden impedir que se publiquen hechos de interés público.

Esta institución italiana dispone de un sistema de registro y difusión de los amenazados y las amenazas, con violencia física o psíquica, que sufren los periodistas en el ejercicio de su labor.

Su objetivo es contrarrestar el silencio que suele ocultar estas amenazas. El silencio de los propios periodistas o de los medios ante las querellas por difamación que se archivarán, la exclusión o expulsión de los periodistas de lugares públicos o de eventos donde resultan incomodos, discriminaciones, advertencias, presiones, ataques físicos o psíquicos.

Ossigeno reclama en Italia el activismo de la sociedad civil en defensa de un derecho fundamental que es la libertad de expresión, equivalente al derecho a la educación, a la sanidad para todos.

Hasta ahora Ossigeno ha registrado más de 3200 nombres de periodistas que en los últimos años han sufrido en Italia estas amenazas, aunque se estima que realmente son diez veces más y que afecta a más de la mitad de los periodistas activos.

Representantes de esta organización que han estado esta semana en Madrid han debatido junto a representantes de la joven Plataforma en Defensa de la Libertad de Información    http://libertadinformacion.cc/ en la Universidad Complutense el sistema para registrar estas amenazas.

Mientras que Ossigeno busca instrumentos para que se publiquen con nombre y apellidos los casos de periodistas amenazados en Italia, en España se deslegitiman las denuncias de amenazas contra periodistas porque son anónimas. Porque los periodistas acosados no quieren revelar su identidad porque temen ser despedidos, perder su empleo.

Autocensura

En España, y de acuerdo con la última encuesta realizada por la APM, cerca de un 80 % ha recibido presiones, un 57% practica la autocensura, un 55 % lo hace por miedo a las represalias, y, lo que es más grave, en un 80% de los casos no hay normas explicitas en los medios de los periodistas amenazados.

En España son las propias empresas de comunicación las que despiden a los periodistas sin posibilidad de acogerse a la cláusula de conciencia, que no se práctica en España aunque esté reconocida en la Constitución. Estos son los nuevos crímenes profesionales que recuerdan la muerte de Giovanni en 1972. Desde hace años en España llevamos asistiendo por parte de los medios a despidos ideológicos, por opiniones, tanto de redactores como de directivos, que son ocultados por reajustes de plantilla o silenciados convenientemente en la libertad de empresa.

Precariedad laboral

También en España, la Ley Mordaza, una ley que ya está en fase de derogación, tendrá una breve vida, pero ya cuenta con 40.000 sanciones a periodistas, fotógrafos o usuarios de las redes, por faltas de respeto a las fuerzas de seguridad o por utilizar fotos de miembros de la policía. Procedimientos judiciales contra periodistas por parte de la fiscalía, por informar de manifestaciones o acciones de protesta o contar chistes viejos que los usuarios de las redes puedan publicar.

La crisis económica en España ha agudizado la precariedad laboral de tanto periodistas como de las empresas de información, y se ha vivido una regresión importante de derechos, entre ellos el de información. Y lo que es peor se debilitó socialmente la necesidad de los medios de servicio público, propiciando su manipulación progubernamental y su liquidación, como en el caso de la radiotelevisión valenciana o la privatización de servicios informativos de medios públicos regionales.

Y las asociaciones profesionales, y los consejos de informativos, han clamado por la independencia, la profesionalización y el apoyo a los medios de información públicos como instrumentos de equilibrio social y necesarios para contribuir al pluralismo y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la información.

Vocación europea

Pero la vocación europea de estas asociaciones indica que es necesario que existan organizaciones e instituciones que den amparo a estos periodistas, para que protejan el ejercicio de la libertad de expresión, porque en toda esta Europa de crisis tambien se vive una ola de deslegitimación del periodismo. La Unión Europea tiene directivas en las que indica a los gobiernos que establezcan organismos de protección.

Existen asociaciones profesionales que desarrollan esta actividad, pero de igual modo que existen organismos dedicados a la protección y defensa de los derechos civiles, en España no existen agencias reguladoras que velen contra la manipulación y garanticen el derecho a la información.

Periodismo deslegitimado

El nuevo ecosistema de medios que se está implantando en Europa, producto de las importantes crisis de credibilidad y valor social de los medios tradicionales, está imponiendo un nuevo sistema de información basado en las nuevas posibilidades que aporta internet, los blogs, las redes sociales y los móviles, que permite a los ciudadanos escoger vías más directas para formar su propia opinión.

En este escenario de deslegitimación, de crisis del medio, el papel del periodista es nuevo y precisamente debe ganarse personalmente el prestigio de intermediario de los acontecimientos de la actualidad.

En esta situación tan débil, tan inestable, tan de transición, el periodista se encuentra más desprotegido que nunca, y las presiones y amenazas son más complejas, más sutiles, pueden provenir de sistemas inéditos, más opacos.

Los periodistas necesitan de la ayuda de la sociedad, por tanto, necesitamos de normativas actualizadas e instancias independientes reguladoras, que amplíen no restrinjan el ejercicio de estos derechos y organismos que protejan tanto la labor de los informadores como el derecho a la información que tienen los ciudadanos.

 

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